A continuación un fragmento de lo charlado hoy en la Universidad Autónoma de Querétaro con un buen número de alumnxs de Filosofía, Antropología, Gastronomía, Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, Historia, Ciencias y algunas otras que probablemente hayan estado presentes, pero no me haya enterado.

Datos poco conocidos y por lo tanto razonamientos no tan frecuentemente encontrados.

Conclusión, por todos conocida: La insistencia en mantener las drogas ilegales no obedece sino a una lógica falaz e inmoralmente pragmática.

IV. Amigos o enemigos, el bisne es el bisne.

Doctors smoke it 
Nurses smoke it
Judges smoke it
Even the lawyers too 

Peter Tosh

El uso de las drogas es un asunto de decisión personal que sin duda se traduce en efectos determinados de carácter público, como cualquier otra decisión particular, pues los sujetos no somos seres aislados de la comunidad en la que co-existimos, tan grande o pequeña como ésta sea. Por ello es que el Estado en ciertas ocasiones actúa de manera bastante escrupulosa en cuanto a su intervención en lo privado y el uso de su capacidad de coerción.

Ejemplificando, el artículo 24° Constitucional dice que: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.” Cuando el Estado ilegítimamente rebasa, ya sea por carencia de sagacidad –se le “cuatrapean los trapos”–, por incapacidad de comprensión de la aproximación que cada sujeto de manera privada tiene hacia la realidad, o por motivos de interés pragmático de quienes representan la autoridad estatal, la historia nos indica un escalamiento en las tensiones, que invariablemente ha traído la muerte de manera masiva. Siguiendo con el ejemplo y desde la perspectiva de dación de credibilidad que se le ha venido otorgando al Estado a lo largo de este texto, la Guerra de los Cristeros fue el resultado de las decisiones que un obstinado e intransigente Jefe de Estado tomó con la finalidad de liberar al pueblo de las garras del explotador clero. Estado que, tras 250 mil muertos e igual número de exiliados y desplazados, decidió consagrar el derecho subjetivo de cultos y creencias.

En paralelo, la política de negociación belicista con que se ha abordado el problema público del narcotráfico en México desde el 2006 con Calderón, y, aunque sin tanta publicidad, por lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha dejado como resultado un similar número de muertos y desaparecidos. Cifra que no comprende de lógica alguna si se compara con los 600 mil consumidores consuetudinarios de drogas ilegales (.48%) de la población mexicana según cifras del CONADIC[1]. En otras palabras, para salvaguardar la salud de menos de la mitad de un punto porcentual de la población, se han sacrificado una cantidad de ciudadanos, no todos ellos inmiscuidos en el crimen organizado, pero sí todos, cabe recordar, seres humanos, igual a una tercera parte de esa cifra. Aunadamente, la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones 2011, aporta que Consumidores ocasionales o que han probado alguna vez la marihuana en centros urbanos, como la Ciudad de México, la proporción sube significativamente hasta un espectacular 21.5% de la población.

¿No nos dice la lógica pragmática, claramente, que cuando uno de cada cuatro o cinco personas ha consumido un producto sin que se hayan vuelto drogadictos al tiempo que han continuado su existencia plenamente dentro del sistema de producción económica ni ha aumentado el número de muertes por causa de algún padecimiento directo a causa del consumo de estupefacientes, ese producto no tiene razón alguna para permanecer en la ilegalidad? En otras palabras, la política gubernamental contra el narcotráfico ha traído como consecuencia 80 mil muertes y 200 mil desaparecidos, mientras que en los últimos 5 mil años que se tienen registrados, esto es desde el tiempo de los sumerios, primera civilización de la humanidad, el uso de la cannabis no ha dejado un solo muerto, al tiempo que los desaparecidos por su consumo regresan a su casa, algo pachecos, a lo mucho a la mañana siguiente. Paralelamente, sólo en lo que va del sexenio, Enrique Peña Nieto ha invertido ya 1000 millones de dólares en materia de prevención del delito, entre otras cosas, para la creación de una Gendarmería Nacional[2].

Las cifras de muertos y desaparecidos, sin embargo, son tan o más altas en promedio diario que las del sexenio de Calderón, quien sólo de 2007 a 20011 invirtió 21.5 mil millones de dólares. En contraste, de los aproximadamente 143 mil millones de dólares que se calcula deja anualmente la venta exclusivamente de cocaína y heroína, sin contabilizar lo dejado por la más popular de las drogas ilícitas, la marihuana, al menos el 27% llega a los bolsillos de los cárteles mexicanos[3]. Aunadamente, contra los 10 mil elementos que conforman la Gendarmería Nacional de Enrique Peña Nieto, los cárteles de la droga han reclutado a 500 mil personas más interesadas en vivir 5 años como rey a 50 como wey. ¿Quién paga las cuentas? Como los políticos, empresarios y narcotraficantes, muchos de ellos las tres cosas, son expertos en que la voluntad de Dios se haga sobre los bueyes de sus respectivos compadres, Calderón y Peña nos hacen saber que a todos quienes formamos parte del pueblo mexicano nos están apadrinando nuestro chiquito. El pueblo paga con cuerpo, a través de sus muertos, y no por ello deja de pagar con el dinero del erario que es única y exclusivamente su dinero. Paga también el pueblo con crédito, o a contrario sensu con la falta de éste.  En 2008, la inversión extranjera directa, esa que tan importante es en el discurso que justifica los bajos salarios de los trabajadores, el out-sourcing, el aniquilamiento de las prestaciones, la desaparición de los subsidios y la liberación de precios,  alcanzó los $23.2 mil millones de dólares, aún dos mil millones de dólares menos que la inversión de Calderón en la guerra contra el narco, pero en 2009 cayó vertiginosamente a $11.4 mil millones de dólares. A partir de 2010 ha encontrado un aumento progresivo hasta los 19.43 millones de dólares en 2011, de los cuales el 44% se destinó a la manufactura, el 18% a la especulación financiera y el 8% a la minería, uno de los ejes centrales del plan Nacional de Desarrollo de Calderón, como sus destinos más significativos[4].

2 Crímenes violentos

Cabe señalar, que la bolsa y la minería tienen nexos directos con el narco. Mientras que la bolsa es el lugar preferido para el lavado de dinero masivo, las industrias mineras en su gran mayoría canadienses no dudan en contratar mercenarios y paramilitares para desplazar a las comunidades originarias de sus tierras ricas en metales, así llamados, preciosos. Al no tener sus propios grupos de presión, los empresarios mineros recurren al out-sourcing, donde el prestador del servicio es el único otro segmento armado de la población fuera del ejército y las policías: los cárteles del crimen organizado. Wirikuta es un claro ejemplo de ello.

2 Violencia política

Cualquiera con dos dedos de cabeza podría plantearse, conforme lo propone la asociación Legal Enforcement Against Prohibition (LEAP) –Policías en contra de la prohibición- cuál de los tres siguientes escenarios es más deseable: Ya que la gente no dejará de consumir drogas bajo ninguna circunstancia, los  38,610,millones de dólares que llegan anualmente a México (más todos aquellos generados por el consumo interno):

1)                   Pueden irse al erario público, si se legalizara la producción y venta, centralizándolas estatalmente.

2)                   Puede centralizarse la producción y concesionar la venta, permitiendo una democratización de las ganancias, dejando ganancia al pueblo por la venta de las substancias y las concesiones.

3)                   Puede venderse la concesión dejando la producción en manos de particulares, gravando fuertemente su producción, venta y consumo (como ya se hace en el caso del tabaco y el alcohol).

4)                   Puede mantenerse ilegal y dejar toda esa ganancia en manos del crimen organizado y sus secuaces con la derrama económica que proviene del pago de sueldos a campesinos, sicarios, sobornos a gobierno en sus tres poderes y en cada uno de sus niveles y lavado.

La lógica, habla por sí misma señalando las causas de su ilegalidad, tanto como las identidades de los interesados en que ésta situación no cambie.”

Así las cosas en este nuestro México, nomás…

Saludos,

Ellutzzzo…


[1] Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas, Primera edición, 2012, Centro Nacional contra las Adicciones (CONADIC).

[2] Fuente: BBC Mundo, 18 de diciembre 2012.

[3] Fuente: Reporte Índigo, 19 de junio de 2012, artículo de Esteban Castro.

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